La noche antes del 1 de octubre, en la sede del PDECat de Barcelona se distribuían acreditaciones para integrar las mesas electorales a militantes del partido con vistas a cubrir el mayor número de puntos de votación. Los miembros del Govern saben que el 1-O constituyó una clara victoria de imagen sobre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y un éxito en cuanto al respaldo social, pero también son conscientes de que los resultados del referéndum no permiten proclamar la independencia y que sea reconocida. Sin embargo, la dirección del movimiento está atrapada justo por aquello que lo hace fuerte: el apoyo de centenares de miles de ciudadanos convertidos en activistas ilusionados por una independencia que estiman viable y cercana porque así se lo han machacado sus líderes. El dramatismo y la épica que se ha querido imprimir a la revuelta deja poco margen a la política y ahora, a punto de perder los logros conseguidos por Catalunya en los últimos 40 años, apenas hay margen para hallar una salida. De hecho, sólo hay una y se llama elecciones. Ahora bien, ¿cómo llegar hasta ahí?

Sea por una vía u otra, es muy probable que en la primera mitad del próximo año se celebren elecciones catalanas. La vía más traumática es que las convoque el Gobierno central tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, que se aprobará en el Senado a final de mes. Pero en Catalunya, si bien hace unas semanas se descartaban las elecciones, ahora están sobre la mesa.

Carles Puigdemont está sometido a presiones en ambos sentidos. Tanto en el PDECat como en ERC hay dirigentes radicales que le emplazan a ir hasta el final y proclamar la independencia mediante una votación en el Parlament. Consideran que la aprobación del artículo 155 es la espita para votar la DUI en el Parlament y acompañarla de una movilización en las calles “en defensa de las instituciones” que sitúe Catalunya en la agenda europea para forzar a Rajoy a negociar la secesión o un referéndum legal. Es el aviso que le transmite Puigdemont a Rajoy en su última carta. Las consecuencias penales que afectarían al president si él declara la DUI –y que podrían enviarle a prisión– se extenderían a los diputados de Junts pel Sí y la CUP si se votara.

Esa DUI puede ir acompañada a su vez de la convocatoria de elecciones “constituyentes”. Es muy difícil que el Gobierno central tolere su celebración obviando ese apelativo, aunque se desarrollarían bajo la legislación electoral española. En todo caso, el recorrido penal para Puigdemont sería ineludible. Para algunos dirigentes independentistas, esta opción permite ir a elecciones al mismo tiempo que Puigdemont y los suyos salvan su prestigio independentista, pero el coste personal que tendría que pagar el president sería altísimo y puede que las elecciones no llegasen a celebrarse.

En las últimas horas, ante la inminencia del desastre que supondrá la intervención de la ­Generalitat, los sectores más moderados que asesoran a Puigdemont buscan con denuedo que el president pueda convocar unas elecciones sin DUI previa y sin que se considere una humillación. Hay tímidos pero insistentes contactos entre algunos dirigentes de Barcelona y de Madrid, se han disparado las gestiones de aspirantes a ejercer de mediadores. Para que esa salida se abriera paso sería preciso que Rajoy otorgase alguna contrapartida, un gesto que permitiera construir un discurso por parte del president.

Es cierto que el jefe del Ejecutivo central no desea activar el artículo 155, un camino inexplorado que intuye que puede ser una fuente de problemas inacabable. Pero también es verdad que Rajoy ya ha decidido activar esa vía y que no echará marcha atrás sin un motivo muy claro. De hecho, su tentación es no facilitar a Puigdemont ninguna vía de escape airosa. En la Moncloa ya no se fían del president ni de su partido.

Sea por un camino o por otro, desembocaremos en unas elecciones, aunque es evidente que una vía será más catastrófica que otra. Quizá ha llegado el momento de dejar a un lado el intercambio epistolar y descolgar el teléfono.