La obsesión del gobierno Rajoy-Soraya por intentar hacer frente al grave problema catalán en términos de legalidad o ilegalidad ha acabado en un fiasco notable y ha dado lugar a la trasmisión de una imagen internacional de Cataluña y de España que nos retrotrae nuevamente al cliché de un país de cabezotas, violentos, extremistas e incapaces de resolver los contenciosos y desencuentros por métodos pacíficos y constitucionales, en base al diálogo y no a la confrontación.

Desde el mismo momento en que el Gobierno recurrió a la expresión focal de “referéndum ilegal” para explicar dentro y fuera de España la situación, renunció a ganar la batalla del discurso y de la explicación nacional e internacional. Aunque ciertamente nos encontramos ante unos comportamientos no solo ilegales, sino de un secesionismo rupturista, lo cierto es que esa expresión en sí mismo cuesta que sea entendida, al igual que ocurre con la imagen de la policía retirando urnas y papeletas de votación.

En realidad, el proceso rupturista catalán en esta fase de su estrategia consistía en intentar realizar un “plebiscito sin garantías ni legitimidad”. Lo que es distinto a un referéndum que siempre costará mucho que se pueda explicar que es ilegal. Y por qué lo es.

En política y en comunicación todo aquello que requiere muchas explicaciones tiene, de entrada, pocas probabilidades de resultar convincente. Pero, después del 1 de octubre, el problema en Cataluña no es un problema formal de legalidades o ilegalidades, sino que estamos en un asunto mucho más serio, que, al margen de las imágenes de violencia que se han producido, no tardarán en causar una honda preocupación en las Cancillerías del mundo occidental, sobre todo en las europeas. Y también en la opinión pública mundial.

La cerrazón en no aceptar desde el principio la posibilidad de un diálogo constitucional y la renuncia apriorística a explorar posibles terrenos de entendimiento, ha conducido a un callejón sin salida del que no va a ser fácil salir. Y menos, posiblemente, va a ser salir de una manera pacífica que no cause graves frustraciones y excitaciones en una parte importante de la población catalana. Ni de la española en su conjunto.

Una vez que parece que nos adentramos en el terreno del diálogo y la posible negociación, lo primero que debe reconocerse es que ahora cualquier negociación se hace en condiciones menos favorables y plausibles que antes del 1 de octubre. Lo cual exigirá tener ideas muy claras y una voluntad de transparencia que no puede dejar fuera a ningún sector de la población concernida, ni a los españoles de muchos lugares que no pueden concebir ni aceptar la fragmentación territorial de España, ni a los muchos catalanes que no se han movilizado y que no comparten tampoco la hoja de ruta ni las finalidades de los secesionistas.

Desde luego, hay que entender que el bloque secesionista catalán aparentemente se ha reforzado en esos últimos días y está viviendo en un clima de exaltación emocional, que en lo personal puede resultar gratificante y excitante, al tiempo que ejerce un indudable efecto de contagio social. Algo muy estudiado por la psicología social −e incluso por la patológica− en múltiples experiencias vividas en los países europeos no hace tanto tiempo.

Pero, en estos momentos, las grandes cuestiones de fondo son básicamente dos. En primer lugar, si la independencia es una cuestión “pactable” y factible en el actual contexto de la Unión Europea. Es decir, ¿se pueden modificar las fronteras de Europa en estos momentos, sin que tal modificación lleve a una cascada de modificaciones y tensiones que abrirían nuevamente los peores fantasmas de la historia de Europa y toda su secuencia de guerras y conflictos violentos? Ello sin olvidar las reacciones que podrían tener ante esta hipótesis separatista determinadas instituciones que, precisamente, tienen atribuida por la Constitución entre sus funciones básicas la de garantizar la unidad de España.

En consecuencia, frente a esta pregunta tan inquietante lo que hay que plantearse y analizar es si existe una postura –salida− intermedia entre la independencia y el actual Estado de las Autonomías que resulte factible, aceptable por todos, y que tenga encaje en nuestro orden constitucional y en la propia arquitectura europea, tal como se encuentra perfilada en estos momentos y tal como se puede proyectar a medio plazo.

La segunda gran cuestión es un asunto de legitimidad. Es decir, ¿es legítimo democráticamente que una minoría (mayor o menor) de la población de un país o territorio pueda imponer mediante una movilización intensa y unas acciones resolutivas su modo y su vía de entender el camino hacia la independencia? Es evidente que una dinámica de este tipo puede tener efectos muy amplios y profundos para el conjunto de la población que vive en Cataluña. No solo en lo que se refiere a su derecho a no ser intimidados, acosados, ni limitados en sus derechos, sus libertades y su capacidad de expresión y opinión, sino también en lo que concierne a su manera de concebir la pertenencia política. A lo cual habría que añadir los efectos que una independencia traumática de este tipo –si se llegara a consumar− tendría en la situación económica de Cataluña y en la calidad y cantidad de los ingresos y prestaciones que recibirían muchas de las personas que viven y trabajan en Cataluña. Es decir, si se produjera el previsible deterioro económico de Cataluña durante un período de tiempo que no debe estimarse como breve ni fácil, el resultado del empobrecimiento de muchos catalanes –especialmente de los sectores más débiles de la sociedad− es algo que no puede ser decidido por una minoría de la población, por muy activa que esta sea, y que en la dinámica de su exaltación pueden llegar a estar dispuestos a asumir esos costos como parte del precio que tienen que pagar por su independencia y su identidad. Sin embargo, es evidente que este sacrificio voluntario no puede ser impuesto a la gran mayoría de la población catalana en su conjunto, sin contar con ellos, ni sin contar con su asunción expresa de estas y otras posibilidades.

Por ello, en los países en los que se ha planteado de una manera civilizada, razonable y consensuada este tipo de reivindicaciones independistas, las partes concernidas han asumido previamente el acuerdo que exigen determinados niveles de consenso y de requisitos de mayorías electorales reforzadas. Ello, repito, en el caso de que sea pactable y factible una dinámica política de tal naturaleza.

Estas consideraciones no son en absoluto ociosas ni improcedentes, en la medida que los “datos” que han ofrecido las autoridades del Govern catalán sobre el triste hecho-espectáculo del 1 de octubre indican –según ellos− que votaron (aún sin garantías) 2,2 millones de catalanes, de los cuales el 90% se decantó por la independencia. Es decir, en realidad habrían respaldado supuestamente la independencia un 36% del censo de Cataluña. ¿Es realista y serio sostener que con estos parcos resultados y todas las irregularidades que se vivieron en un pseudo plebiscito, con un censo “universal” y sin ningunas garantías procedimentales, puede avalarse algo tan serio como la independencia de un país? ¿A qué grado de insensatez se puede llegar por esta vía? ¿Cómo podemos salir los españoles del riesgo de una confrontación dialéctica que presenta tantos rasgos de disparate y de carencia de realismo y sentido común?

Desde luego, nadie podrá negar que estamos en unos momentos en los que tiene que hacerse notar el peso de los partidos sensatos, de los líderes con visión de Estado y de las estrategias de largo plazo. Algunos pasos están dándose ya en esta dirección, pero a muchos nos gustaría que también en Cataluña, además del PSC, desde otros campos ideológicos y culturales se movilizaran y se empezasen a oír las voces de las personas y grupos sensatos, que sin duda existen en Cataluña, y que a lo largo de la Transición dieron múltiples ejemplos de ello. Esperemos que así sea en bien todos.