• Al suspender la declaración unilateral de independencia (DUI) sin aprobarla, Puigdemont salva por ahora el autogobierno y alienta la vía del diálogo

En momentos políticos tan trepidantes como los que estamos viviendo, no es fácil que los líderes políticos sepan mantener la cabeza fría. El ‘president’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, un independentista de ‘pedra picada’, exhibió ayer una templanza merecedora de elogio. Nueve días después del 1-O, impresionante como movilización pero del todo insuficiente como referéndum de autodeterminación, el jefe del Govern dio una penúltima oportunidad al diálogo al hacer lo que muchos le reclamaban: renunciar a una declaración unilateral de independencia (DUI) que, privada de toda legitimidad democrática, hubiera puesto bajo severa amenaza las instituciones de autogobierno y la propia convivencia  social en Catalunya. Esta vez, Puigdemont sí se esforzó en escuchar el clamor de todos los catalanes a los que debe representar, y no solo el de aquellos que piensan como él.

Se le podrá reprochar a la mayoría soberanista que, en un nuevo giro dramático e inesperado, haya alterado el guion para mantener viva la trama del ‘procés’. Algunos tacharán a Puigdemont de taimado por promover en el Parlament la suspensión de una declaración de independencia que en realidad nadie había aprobado. Otros lo juzgarán un traidor por no implementar el resultado del 1-O, que, de acuerdo con la ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional, conduciría de hoz y coz a la independencia unilateral. Incluso se podrá afear a los diputados independentistas la litúrgica firma colectiva de un manifiesto en favor de «la República catalana como estado independiente», que, pese a su grandilocuencia, resulta jurídicamente inocuo al no haberlo votado el Parlament, y que bien se podría calificar como una capitulación encubierta. De hecho, el semblante de la mayoría de los abajofirmantes era más propio de un velatorio que de una gesta histórica.

Pero sería un grave error seguir alimentando la espiral de amenazas y reproches mutuos que a lo largo de estos años han enconado este conflicto entre las legítimas autoridades catalanas y las del Estado. Pese a las profundas diferencias que los separan, los partidos y entidades que componen el entramado independentista lograron cuadrar el círculo: proclamar la independencia sin proclamarla, suspender una declaración no realizada y abonar la especie de una mediación internacional que, más allá de las apelaciones al diálogo desde la Unión Europea, no parece ni siquiera esbozada.

MEDIR LOS PASOS

Es hora, también en Madrid, de tener altura de miras. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, deberán medir muy bien sus pasos para evitar que una respuesta jurídica desproporcionada, sea de índole penal o implique la suspensión de competencias autonómicas, dé al traste con el aparente repliegue táctico emprendido por el independentismo. Sin prejuzgar si al final se aplicará o no el artículo 155 de la Constitución, el Consejo de Ministros está en su derecho de requerir a Puigdemont para que aclare si la Generalitat se sitúa dentro o fuera de la ley. Lo que no es incompatible con explorar la vía del diálogo.