Las elecciones autonómicas convocadas para el día 21 de diciembre eran y son la única salida posible que se ofrecía a dos impotencias. En primer lugar, a la impotencia de los independentistas radicales catalanes, encerrados con un solo juguete, que han alumbrado una república nacida muerta, al haber sido sus dirigentes absolutamente incapaces de prestablecer unas auténticas estructuras de Estado alternativas a las españolas, y al estar la criatura totalmente huérfana de reconocimiento internacional, a causa de que sus promotores no han sabido/podido superar el nivel de implorante sin respuesta en sus relaciones con otros estados. Y, en segundo término, a la impotencia del Estado español, que, amodorrado por largos años de inacción estulta y suicida, se ha encontrado con que, ante el golpe de Estado perpetrado con insólita ligereza, intención taimada y formas oblicuas por los independentistas el 6 y el 7 de septiembre, sólo disponía como respuesta del artículo 155 de la Constitución, cuya aplicación práctica constituye en todo caso un auténtico campo de minas difícilmente superable por la Administración española. Porque seamos claros, ¿qué confianza merece en este punto un Estado que, después de alardear de que impedirá el referéndum del pasado 1 de octubre, no sólo no logra impedirlo, ­sino que cuando actúa –tarde y mal– deja unas instantáneas que, al ser difundidas internacionalmente, han erosionado la imagen exterior de España de una forma grave? Y la culpa no fue de las fuerzas del orden público, disciplinadas y eficaces, que actuaron en condiciones imposibles, ni de sus mandos, sino de los políticos que ­tomaron a destiempo la decisión errónea.

Estando en esta tesitura, es decir, en esta confluencia de impotencias, el entonces president Puigdemont fue quien tuvo primero la oportunidad de convocar elecciones para salir del embrollo en que estamos, pero desperdició la oportunidad por debilidad. Se buscarán mil explicaciones y excusas, pero la realidad es sencilla: cuando Puigdemont, citada ya la prensa, se echó para atrás y no convocó las elecciones, no es que rompiese unas negociaciones que aún estaban en curso, sino que desdeñó la opción cierta de que disponía gracias a la inteligente, comedida, perseverante y respetuosa mediación de un tercero que mostró en todo momento una fuerte personalidad política. Fueron las acusaciones de traición, las dimisiones, los insultos y los desdenes –azuzados desde babor– los que impulsaron el cambio de criterio presidencial. Todo lo demás, bi­sutería.

De forma que la pelota pasó al otro bando, al que parecía no quedarle más recurso que la aplicación estricta del artículo 155 de la Constitución, uno de aquellos preceptos que, cuando se estudian, siempre se piensa que están en la ley para dar miedo, pero no para aplicarse. Lo que confirma la misma redacción del precepto, que parece, por el amplio marco de discrecionalidad que deja al intérprete, no ser más que una carta blanca para justificar tratamientos excepcionales en casos de radical gravedad. Es sabido que el sector más arriscado y montaraz de las derechas españolas (en plural) tiene puestas en este precepto todas sus complacencias, pero no sucede lo mismo con el presidente Rajoy, quien es demasiado inteligente para no ver que una intervención global de la Administración catalana es un campo de minas intransitable sin un fuerte quebranto del que lo intente. De ahí que, tras el paso atrás de Puigdemont, el presidente Rajoy hilvanase una habilísima maniobra: intervenir la Administración catalana al amparo del artículo 155, con lo que apacigua al sector ultramontano de su partido, pero, al mismo tiempo y de un modo sorpresivo, disuelve el Parlament y convoca las elecciones en el más breve lapso de tiempo posible, con lo que la intervención se convierte simplemente en un gesto, útil para controlar la situación durante el corto periodo que falta hasta la celebración de los comicios, pero irrelevante a cualquier otro efecto. Al obrar así, Rajoy ha aprovechado la oportunidad desperdiciada vanamente por Puigdemont.

El hecho de que una situación tan grave como la que vivimos esté en trance de reconducirse, si bien con gravísimas dificultades, no obsta para que se insista una vez más en el desatino que nos ha llevado hasta aquí. Y, para no caer en la retórica, se puede concretar esta insistencia en dos preguntas, una a cada parte. A los independentistas: ¿cómo es posible que, después de tanta gesticulación, tanta bravata, tanto desplante, tanto desprecio al otro, tanta superioridad impostada y tanta mentira, la República haya nacido muerta al no tener ninguna ­estructura que la amparase ni ningún reconocimiento que le infundiese vida? Y al Gobierno del Estado: ¿cómo es posible que, durante tantos años, se haya negado la existencia del problema catalán o se haya minimizado, sin esforzarse en hallar una salida política acordada y fiándolo todo al imperio rígido de la ley interpretada restrictivamente, al calor de una displicente condescendencia? Total, que de aquellos polvos, estos lodos.