Las diferencias entre los independentistas guardan relación con su empeño en sortear la legalidad, en la creencia de que su unidad confiere una especial legitimidad a su causa. Así, paradójicamente, la cohesión mostrada frente al Estado constitucional se vuelve un mar de dudas cuando las normas y los tribunales adquieren su tono más áspero. Desbordar la ley no resulta inocuo para quien así procede o encuentra en ello las supuestas virtudes de la unidad política, porque esta se resiente inevitablemente ante la constatación de que el Estado de derecho es poco menos que imperturbable. Las incógnitas sobre quiénes asistirán al pleno de constitución de la Cámara catalana, el próximo miércoles 17 de enero, tienen que ver con lo dificultoso que es eludir leyes y reglamentos, resoluciones judiciales y dictámenes jurídicos. Con la imposibilidad de alumbrar a cada paso una legalidad a la medida de los impulsos propios.

Las fuerzas independentistas están condenadas a entenderse desde el mismo momento en que al entonces president Puigdemont se le impidiera convocar elecciones para evitar el 155. Están condenadas a entenderse porque si no fueron capaces de aceptar lo menos –la disolución de la Cámara autonómica– a cada una de ellas le resultará imposible variar de posición hasta el establecimiento de acuerdos con fuerzas no independentistas que giren en torno a objetivos más posibilistas que la secesión unilateral. Como les resultará imposible asumir expresa y previamente su ­sometimiento a la legalidad, ante la improbable apertura de un proceso de negociación bilateral sobre la desconexión republicana.

La relación particular entre la contestación a la legalidad y la desafección que cada formación independentista puede mostrar hacia las otras dos resulta, en cualquier caso, equívoca o contradictoria. Quien el 27 de octubre pareció aproximarse más a la aceptación de las reglas de juego, Carles Puigdemont, ha acabado más alejado que ningún otro hasta geográficamente. Es probable que nos encontremos ante un movimiento instintivo, y no tanto ante una estrategia deliberada. Pero lo cierto es que Carles Puigdemont ha impuesto el criterio de la unidad, a través de la consagración de la ruptura con la legalidad en el seno del independentismo, sustrayéndose a la acción de la justicia. Porque en ese punto las elecciones del 21-D sí fueron plebiscitarias. Y la remodelación del espacio ­secesionista al que dieron lugar –incluida la dilución fáctica del PDECat ante el inicio de la nueva legislatura– cuenta con el voto movilizado a favor de una república catalana.

La cuestión ahora es hasta qué punto la ineludible necesidad de hacer valer la mayoría absoluta independentista en el Parlament puede desembocar en una segunda remodelación del independentismo, con unos diputados obligados a renunciar al acta sin más, y con otros que haciéndolo así se dispongan –desde el autoexilio o la cárcel– a dirigir las instituciones desde fuera de las instituciones. Por eso, la pregunta que incumbe a todos los ciudadanos y al país en su conjunto es si en estas circunstancias –de incertidumbre jurídica y judicial, y de indescifrables diferencias internas– el independentismo se encuentra en condiciones de gobernar la Generalitat.

Cuando se pretende lo imposible, todo lo posible pierde sentido y valor. El independentismo se debate internamente a causa de que ha insistido en desbordar la legalidad; en forzar sus límites. La para­doja está en que, precisamente por eso mismo, está incapacitado para reconducir ese debate hacia el ámbito de lo posible. Porque la legalidad se ha convertido en un asunto tabú para el secesionismo rup­turista. Basta que alguien entre sus filas sugiera la conveniencia de atenerse a las normas vigentes y a las resoluciones judiciales para que sea tachado poco menos que de hereje. De tal manera que los disensos internos en el ­seno del independentismo se han vuelto inescrutables, tanto para los demás como para los propios. Hasta las adhesiones personales hacia los respectivos líderes parecen aleatorias y volubles.

La renuncia a la legalidad es la renuncia a la política. De modo que el independen­tismo ya no es capaz de reflexionar pausadamente sobre si hoy estaría más cerca o no de su meta si se hubiera atenido a la legalidad, o sobre los efectos reales de su manifiesta y repentina impaciencia. Por mucho que las normas constitucionales y estatutarias constriñan las oportunidades de aquellas opciones más distanciadas del consenso, estas no obtienen beneficio alguno del desbordamiento de la legalidad. Todo lo contrario, el rupturismo las conduce al marasmo de una notoriedad sin resultados.