Puigdemont ha sido detenido en Alemania en ejercicio de la orden de detención europea emitida por el magistrado Llarena. El ‘expresident’ se encuentra ahora bajo la autoridad policial alemana a la espera de que un juez alemán, después de darle audiencia, decida si ejecuta la euroorden y entrega de Puigdemont al magistrado del TS. La situación es diferente a la que se produjo en Bélgica hace unos meses, ya que en Alemania existe un delito de alta traición equiparable en sus elementos típicos al delito de rebelión. Dicho lo cual, vale recordar que la existencia de un delito equiparable no es un condición necesaria para la euroorden, ya que esta parte de la protección equivalente que se produce en los estados de la Unión Europea es, en definitiva, un instrumento de confianza mutua del ordenamiento europeo.

En los próximos días sabremos si el ‘expresident’ es entregado a la justicia española. Si es así, parece lógico pensar que siendo una de las condiciones de la prisión provisional el riesgo de fuga, el magistrado Llarena considere justificada su aplicación. Así las cosas, salvo Comín, Rovira, Ponsatí, Serret y Puig, sobre los que también recaen euroórdenes, todos los procesados por el instructor como responsables de diferentes delitos relacionados con la ruptura constitucional generada a partir, sobre todo, de septiembre del 2018, estarían en prisión provisional. A este respecto cabe hacer algunas consideraciones.

Malestar y rechazo

Algunos sectores políticos, jurídicos, entre los que me encuentro, y judiciales han expresado el malestar, incluso rechazo, que genera la prisión provisional decretada contra los ya procesados, por considerar que se hace una aplicación excesivamente amplia, poco acorde con los derechos fundamentales, de dicha medida. Sin embargo, no podemos obviar que los recursos presentados por los presos preventivos han sido rechazados por otros magistrados del TS sin fisuras (también los que han llegado al TC). Además, coinciden con otros sectores doctrinales que consideran plenamente legítimo el alcance reconocido a la prisión provisional en este proceso penal.

Aunque algunas rechacemos la imputación del delito de rebelión por considerar que no concurren los elementos necesarios, no puede perderse de vista que los procesados actuaron a sabiendas de las posibles consecuencias. La prisión no es la solución para la grave crisis constitucional que debemos afrontar. Cabe achacar al actual Gobierno central un descarado rechazo al diálogo, la instrumentalización de la justicia y la apropiación de la Constitución. Pero ello no debe llevarnos a obviar las responsabilidades políticas y jurídicas de los líderes independentistas, haciendo suyas las instituciones públicas, en la quiebra del autogobierno en Catalunya.

El Poder Judicial seguirá su camino. Y la política catalana debe empezar el suyo, con  nuevos liderazgos y a través de un nuevo Gobierno que, respetando las reglas de juego constitucionales y democráticas, restablezca, de nuevo, el autogobierno de Catalunya.