Si en el principio está el verbo, después han de venir el diálogo y el consenso. De nada sirve confrontar recitando monólogos. Peor aún es despreciar la opinión contraria, sin más argumentos que el de las propias razones. Tampoco resulta muy saludable la deliberación insulsa y circular, si no culmina en acuerdos amplios.

Si se hubiese dialogado en serio sobre el asunto catalán, quizás no hubiésemos llegado a la frontera de la ruptura. Me resulta muy triste comprobar cómo la comunidad autónoma que más hizo siempre por la federalización del Estado de las Autonomías, sea ahora la que reniega de ese modelo que prácticamente diseñó a su gusto. En el ámbito concreto de la financiación, nunca hubo modelo sin Cataluña y, en cambio, recuérdese que entre 1997 y 2001 otras tres comunidades autónomas sí se descolgaron del acuerdo general. Ítem más: nunca la revisión periódica del sistema de financiación autonómica fue hecha sin el impulso de Cataluña, después modulado y asumido por el conjunto. Por eso extraña bastante que la parte catalana haya cuestionado el acuerdo de 2009 al poco tiempo de su implementación.

Se ha llegado a tal temperatura que el punto de ebullición está cerca. No esperemos a que desinfle, cosa que nunca ocurrirá por el simple transcurso del tiempo. No estamos ya en la fase de contraponer informes económicos porque –digámoslo claro- a cada experto le sale algo que concuerda con su opinión predefinida. Y póngase fin a la estéril batalla jurídica entre la “brigada Aranzadi” (Enric Juliana dixit) y su contraparte; Política y Derecho deben acomodarse en este orden, no en el inverso.

Para el reciente Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el filósofo Emilio Lledó, “la raíz del mal está en la ignorancia, el egoísmo y la codicia”.

En la financiación autonómica, la ignorancia viene por la percepción de la ciudadanía acerca de un sistema complejo (por no decir un arcano), pero que garantiza nada menos que los servicios públicos fundamentales. Esta falta de conocimiento lleva a una desconexión con este debate, en culpa igualmente atribuible a políticos y técnicos que lo han enredado cada vez más. Por eso el primer paso ha de ser el de la simplificación y la pedagogía.

De otro lado, el egoísmo se opone directamente a la solidaridad que, por definición, se hace siempre “a cambio de nada” (sic), aunque no parece tenerlo claro todo el mundo. Nadie podrá contravenir la idea básica de que exista una redistribución de los ricos hacia los pobres, lo cual tiene aquí dos derivadas inmediatas.

La primera obliga a poner en cuestión el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, antes que nada por su escasa contribución a la solidaridad del sistema. Por cierto, para ello bastaría con cambiar una ley ordinaria.

La segunda, para decidir políticamente cuál debe ser el grado de solidaridad a aplicar. Elevado, sí, pero sin destruir incentivos a la eficiencia y la responsabilidad. El criterio tampoco debe violentar la autonomía de las comunidades autónomas, menos aún, la de aquéllas que desean avanzar por ese camino, en contraste con las que legítimamente estarían cómodas siendo una Delegación del Gobierno. El debate no debe ser entre territorios, sino filosófico (¿a qué llamamos solidaridad?), ideológico (¿personas o territorios?) y, si se quiere, identitario (¿no merecen mi solidaridad quienes viven a 300 kilómetros?). El mal de codicia sería la última perversión de una noción elemental de solidaridad, puesto que implica “afán excesivo de riquezas”.

Volvamos al sabio Lledó para seguir defendiendo la importancia del lenguaje.

Sobre el reconocimiento como nación, algo tan sencillo como añadir un calificativo (nación española, nación catalana u otras) facilitaría la convivencia de varias de ellas sin demasiado problema, con lo que nadie debería estar en peor situación que la inicial. Algo así podría suscribir Pareto y exactamente eso defendió Anselmo Carretero, dos autores a los que conviene revisitar. Para lo que nos ocupa, ¿otorgaría más derechos económicos o financieros esa denominación de nación que la muy parecida de nacionalidad, vigente desde 1978? No tendría por qué ser así, pero al menos el lenguaje habría contribuido a resolver uno de los problemas enquistados.

¿Debemos seguir hablando de comunidades autónomas de régimen común, frente a las de régimen foral o especial? Si común significa “admitido de todos o de la mayor parte”, es correcto. Pero si lo que se quiere decir es “bajo, de inferior clase y despreciable”, el incendio se aviva y se regalan cerillas a los pirómanos.

El método y los retos no son sencillos. ¿Por dónde empezar? Quizás por la Conferencia de Presidentes, más aún desde la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que, por fin, reconoce este máximo órgano multilateral de cooperación política. Sin embargo, el presidente del Gobierno de España no lo ha convocado desde octubre de 2012, ni para coordinar ajustes en tiempos de crisis, ni para discutir sobre financiación autonómica cuando tocaba hacerlo, ni para afrontar los órdagos territoriales, aislando así su propia posición. Pessoa diría que esa actitud ha sido insostenible desde un punto de vista de raciocinio, casi como la de su “banquero anarquista”.