• El presidente del Constitucional se despide afirmando que solo aplicar la ley no sirve para solucionar la crisis de Cataluña

El presidente saliente -todavía no hay entrante- del TC (Tribunal Constitucional) se despidió el pasado miércoles con un discurso relevante que, por razones obvias, no estuve a tiempo de comentar. Luego me ha sorprendido el poco eco, la escasa discusión y el casi atronador silencio que sus opiniones han generado. En la prensa de Madrid y en la de Barcelona.

Pérez de los Cobos, cuyo nombramiento al frente del TC en el 2013 fue muy criticado, no solo en Cataluña, por haber sido militante del PP, no es nada sospechoso de ser poco respetuoso con la Constitución del 78. En el arco de tratadistas, Pérez de los Cobos -que no es originariamente un constitucionalista sino catedrático de Derecho del Trabajo- estaría en una posición radicalmente contraria a la del inquieto Javier Pérez Royo, que sostiene que el pacto constitucional se rompió con la sentencia del 2010 que anuló -cuatro años después- algunos artículos del Estatuto de Cataluña del 2006.

El indiscutible activo de Pérez de los Cobos es que, bajo su presidencia, todas las sentencias del TC sobre el contencioso catalán han sido dictadas por unanimidad de sus doce miembros, poniendo así fin a la cruenta batalla que se produjo en la etapa anterior entre magistrados progresistas y conservadores, arbitrada, o más bien envenenada, por algún magistrado elegido como progresista que -por razones que no vienen hoy al caso- se sumó a la ajustada mayoría conservadora.

La primera sentencia de la etapa de Pérez de los Cobos sobre esta materia anuló una declaración del parlamento catalán que definía a Cataluña como “un sujeto jurídico y político soberano”, si bien añadía que el llamado derecho a decidir podía defenderse a través de la legalidad. Luego también anuló, porque se trataba en realidad de un referéndum disfrazado cuya competencia es del Estado, la famosa consulta participativa del 9 de noviembre del 2014, origen de la querella de la fiscalía contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau que acaba de terminar en una condena de inhabilitación.

La trayectoria de Pérez de los Cobos y de su actuación en el TC está pues clarísima y queda lejos de toda sospecha de simpatía con el soberanismo catalán. Y sin embargo su discurso de despedida es un serio tirón de orejas al presidente Rajoy y a la política del gobierno del PP respecto a Cataluña. En efecto, Pérez de los Cobos recurre a Manuel García Pelayo -el primer presidente del TC que fue elegido como él por unanimidad pero que salió malparado por haber decidido con su voto de calidad a favor de la expropiación de Rumasa- que afirmó: “Hay problemas políticos que pueden resolverse satisfactoriamente por métodos jurisdiccionales, aplicando las leyes, pero hay otros que solo pueden resolverse por la vía política”. Y añadió que el TC solo puede y debe dictar sentencias en base a lo que dicen la Constitución y el ordenamiento jurídico pero que así no se pueden resolver todos los problemas que se susciten en el orden constitucional, “en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico”. Y añade que en ese caso “les toca a los poderes públicos abordar esos problemas mediante el diálogo y la negociación que en este caso se han convertido en una necesidad urgente e inexcusable”.

Así, tras haber sentenciado contra todos los intentos del independentismo de ignorar el orden constitucional, Pérez de los Cobos, en su despedida, critica también al Gobierno Rajoy al afirmar, y casi coincidir, con lo que muchos políticos catalanes encuadrados en la vaporosa tercera vía -incluso la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas– han repetido en los últimos meses: que el conflicto catalán es político y su resolución exige sí el respeto a la ley pero no basta la aplicación de la ley. Como dice de los Cobos, “exige diálogo y negociación que se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente”.

Y cuando durante sus cinco años de gobierno, el PP se ha empeñado única y exclusivamente en exigir el cumplimiento de las leyes es evidente que no ha actuado con la conveniente prudencia que se debe exigir al Gobierno de la nación.

Ayer el diario ‘La Razón’ anunciaba que el presidente Rajoy anunciaría en una próxima visita a Cataluña fuertes inversiones en infraestructuras. Está bien, pero es poco atinado pretender que un anuncio de esta naturaleza -al parecer es también por donde va la tan cacareada ‘Operación Diálogo’ de la vicepresidenta- pueda compensar cinco años de parálisis negociadora. En especial cuando el Pib catalán es el 18,5% del español, el Estatut y cualquier enfoque razonable dice que la inversión del Estado en Cataluña no debería estar muy lejana de ese porcentaje, y sin embargo esta proporción- relativa y que es ajena a que la inversión pública haya tenido que reducirse por las restricciones presupuestarias- se ha incumplido sistemáticamente. Para el último ejecicio que hay datos, el del 2015, fue solo algo superior al 9%. Menos de la mitad de lo que correspondería. ¿Ha sido una forma prudente y razonable de afrontar el “incendio independentista” que al mismo tiempo se decía que era una gran amenaza a la unidad nacional?

Volvamos al aviso -educado pero claro- de Pérez de los Cobos: el Tribunal Constitucional no es la vía para solucionar todos los problemas políticos que se puedan plantear a la Constitución de 1978, “en particular a los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico”. Y es que la Constitución no es un texto sagrado, otorgado por una autoridad divina, sino que no es nada más -y nada menos- que un texto jurídico rubricado con solemnidad y voluntad de permanencia que surge como consecuencia de un pacto político negociado entre las principales fuerzas de un país en un momento determinado. Y cuando el 47,8% de los electores de una Comunidad Autónoma votan -en unas elecciones totalmente legales y libres- a candidaturas que defienden la independencia de esa Comunidad, es evidente que aquel pacto político necesita ser renegociado y remozado. La Constitución se debe respetar siempre pero no se puede gobernar un país permanentemente con golpes de Constitución. Y el PP tiene menos legitimidad para eso por cuanto la AP de Fraga no fue unánime al votar la Constitución. Si lo hizo Fraga -con reservas respecto al título VIII- pero no otros “magníficos” de AP como Gonzalo Fernández de la Mora o Federico Siva Muños y otros, entonces meros aprendices, como Aznar.

Que el presidente del TC, que ha parado los envites independentistas, acabe afirmando que solo la aplicación de las leyes no servirá para encauzar el conflicto catalán -como han repetido políticos catalanes como Durán Lleida, Inés Arrimadas y Miquel Iceta e incluso dirigentes del PSOE como Alfredo Pérez Rubalcaba– es un serio tirón de orejas a Mariano Rajoy.

Pero desgraciadamente las cosas han ido ya tan lejos -no siempre por culpa de Rajoy- que creo que hoy en día la negociación será casi imposible antes de la peligrosa catarsis del choque de trenes que se viene incubando desde hace tiempo. Por eso Pérez de los Cobos -optimista- dice que la negociación es“inexcusable y urgente”. Cuando ante unos partidos que defienden una Constitución -más votada en Cataluña que en la media de España- que dice que la soberanía reside en el pueblo español, el independentismo catalán responde -desde antes de la consulta participativa del 2014- que cualquier negociación solo puede empezar reconociendo la soberanía catalana, la negociación es ciertamente muy difícil.

Aunque, claro, la respuesta exclusivamente jurídica y penal -querellas de la fiscalía y sentencias de los tribunales- no es la forma más inteligente de convertir lo muy difícil en posible.

Este lunes el president Puigdemont invocó la figura del president Tarradellas en el cuarenta aniversario de su retorno. No sé qué peregrina idea puede tener Puigdemont de un president (que ya había sido independentista) y que solo por su gran realismo, porque “tocava de peus a terra”, pudo regresar triunfalmente del exilio como presidente de la Generalitat. Pese a haber sido elegido en el exilio por un parlamento republicano mientras en el interior el general Franco perseguía a la masonería, el comunismo y el nefasto catalanismo.

Pero también es indudable que si en vez de un Adolfo Suárez preocupado por pasar de un sistema autoritario a una democracia -y asesorado por un Rodolfo Martín Villa, que conocía bien Cataluña por haber sido delegado provincial de las CNS (los sindicatos franquistas) y luego gobernador civil de Barcelona- se hubiera encontrado con un presidente que -gestos educados aparte- solo escucha a los grandes cuerpos del Estado (la brigada Aranzadi) y a los meritorios de su partido en Cataluña, Tarradellas no hubiera regresado y la transición -no solo la catalana- hubiera sido más difícil.

Curioso el silencio de los opinadores sobre el tirón de orejas de Pérez de los Cobos a Mariano Rajoy. A unos no le ha debido gustar porque, en su fuero interno, lo creen inoportuno y que da alguna razón a la rebelión de Artur Mas. A otros porque nada esperan ni quieren esperar de un jurista que -como Encarna Roca, propuesta para el Constitucional por el PSC y CiU- dictó una sentencia que decía que Cataluña no es, según la Constitución, un sujeto jurídico y político soberano. Quizás me he perdido algo, pero solo he encontrado sobre el asunto un razonado artículo de Miquel Roca i Junyent, el “padre” catalán, junto al entonces carrillista Jordi Sole Tura, de la Constitución.

Curioso, sí. Pero, más todavía, preocupante. En Madrid y en Barcelona hay exceso de políticos que presumen de dialogantes -y que quieren incluso dar conferencias en el Senado, o no se les deja darlas- pero a los que convendría aplicar aquel refrán castellano: “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”.