• La iniciativa de Rajoy merece respaldo, pero no puede quedar en meros gestos

E l giro dado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para afrontar el reto secesionista planteado en el Parlament de Cataluña se asemeja por fin a la forma en que se deben afrontar los problemas de Estado en nuestro país: buscando la fuerza del consenso de los principales partidos políticos en defensa de la legalidad y la legitimidad constitucional. Las reuniones con los líderes del PSOE, Ciudadanos y Podemos (a las que habría que añadir el resto de las fuerzas parlamentarias relevantes) abren un camino que se tendría que haber tomado hace mucho tiempo: el diálogo y los acuerdos son los que permitieron construir y desarrollar el proyecto democrático en España, y es la única vía para reconducir un problema que está fracturando la sociedad catalana y la del conjunto del país.

La respuesta ante la deriva independentista de Cataluña requiere, además de firmeza para hacer cumplir la ley, reconducir el debate en términos políticos y hacer partícipe al mayor número de partidos en la búsqueda de una solución que, en el fondo, están pidiendo la mayoría de los catalanes y los españoles.

La encuesta que publica hoy EL PAÍS, realizada el 28 de octubre, indica que una mayoría de catalanes es contraria a la propuesta de resolución llevada al Parlament por Junts pel Sí y la CUP, que si se planteara un referéndum plenamente legal sobre la independencia de Cataluña votaría que no y que son favorables a lo que se ha dado en llamar la tercera vía. Además, el 71% de los encuestados cree que Artur Mas no debería repetir como presidente de la Generalitat.

Estos datos refuerzan la idea de que es posible abordar la cuestión catalana en términos políticos, por encima de las emociones y de la contienda partidista. Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno, debe liderar ese diálogo en busca de consensos, con generosidad, ojalá que llegando a formular una propuesta seductora para los catalanes o, al menos, para una parte de los catalanes que se han sumado a las filas independentistas sólo por su frustración ante la falta de alternativas. Y todos deben de hacer esto renunciando a utilizar el problema catalán como arma arrojadiza en la campaña electoral, porque si las conversaciones no se conducen en un ambiente de confianza mutua acabarán fracasando y ofrecerán más bazas a los insurgentes.

El golpe al Estado planteado por dos coaliciones que ni siquiera cuentan con el respaldo de la mayoría de los catalanes requiere respuestas firmes, rápidas y consensuadas. Llevamos muchos meses asistiendo a un movimiento continuo hacia la independencia en el que sus patrocinadores actúan con una hoja de ruta al margen de la legalidad, sin que el Gobierno haya sido capaz de responder y sin que los legítimos representantes de todos los españoles hayan ofrecido su unidad para frenar ese despropósito.

El Parlamento es la casa común de todos los españoles (incluidos los catalanes), y sería el marco adecuado para una declaración institucional y consensuada en defensa de una legitimidad constitucional que se quiere quebrar desde el secesionismo.

Merece la pena el esfuerzo de buscar los puntos de encuentro imprescindibles para armar un discurso de unidad democrática frente al enorme desafío planteado. Hacer política es eso: buscar lo que nos une para proteger un marco de convivencia que costó mucho conseguir. Ya habrá tiempo, después, para la contienda electoral.