No lo puedo remediar. Cada vez que un político independentista dice que convocar nuevas elecciones es un riesgo, me pregunto ¿para quién? No será para los ciudadanos, que no paramos de votar aunque nos digan que no nos dejan. Porque siendo cierto que el Estado amparándose en la ley impide el referéndum reclamado por una mayoría, también es igualmente cierto que en un año y medio los catalanes hemos tenido la oportunidad de acudir a las urnas en tres ocasiones sin contar el 9-N. Europeas, municipales y al Parlament. Y en veinte días vamos a por la cuarta. Esa es la diferencia entre información y propaganda: no nos dejan votar el referéndum que pedimos, cierto. No nos dejan votar, falso.

A nadie se le escapa que el uso de esa media verdad también ha ayudado a la confusión en la que ha caído una parte de la ciudadanía como extensión de la que exhibe la política. Por supuesto que la convocatoria de unas elecciones catalanas el mes de marzo evidenciaría el fracaso de unos partidos impotentes ante el reto planteado el 27 de septiembre. Y que ese fiasco merecería una dura crítica que podría alterar el actual mapa parlamentario. También evidenciaría que el encargo del electorado fue tan lícito como envenenado.

Vemos hoy, pues, que se trataba de poner a prueba la supuesta cohesión de unas fuerzas políticas que, más allá del alto vuelo del proceso, poco o nada tienen en común. Luego, siendo así, mostrada crudamente una realidad difuminada en una imagen virtual de aquí paz y después gloria, lo lógico sería admitir la gran limitación demostrada y devolverle el favor a quienes delegamos nuestra confianza a través de las urnas. O sea, las bases. Porque si el proceso ha sido el resultado del trabajo de unas gentes transversales para impulsar un futuro distinto, ¿qué problema hay en que se les renueve la responsabilidad de decidir?

De eso hablaba la pantalla anterior a la actual. Del derecho a decidir. Aquella que había concitado mucho más apoyo y, como dice un alto responsable cívico, aquella que tarde o temprano no tendremos otra opción que recuperar. Pero, de momento, nadie parece dispuesto a dar el paso. Ni el susodicho. O lo que es lo mismo, nadie quiere hacer suyo el criterio de Winston Churchill, que aceptaba –a regañadientes, por supuesto– que la democracia es la necesidad de doblegarse a las opiniones de los demás.

Y que nadie dude que esta ciudadanía llamada a desempatar el encuentro volverá a asumir su responsabilidad porque vive en ella y de ella. Porque rinde cuentas a diario de lo que trabaja, cobra, paga y sufre. Porque es el principio y el fin de cualquier proyecto público y porque se merece ser mejor comprendida, tratada y respetada. Visto así, la conclusión de tan simple es lamentable: el riesgo de nuevas elecciones sólo lo es para los políticos incapaces.