• Las consultas con los partidos deberían culminar con una declaración política

El presidente del Gobierno multiplica sus consultas con los líderes de otros partidos para salir del atolladero en Cataluña, en una reacción tardía, pero indispensable, ante la crisis constitucional desatada por los dirigentes independentistas. La reconstrucción del consenso permitirá mostrar que este es un país prudente y sensato, y que en los momentos más graves se buscan espacios de acuerdo.

Es lo que está sucediendo tras el intento de lanzar el proceso con el que se pretende llegar unilateralmente a la independencia de Cataluña en 2017. El desprecio a la Constitución y la construcción de una legalidad a medida rebasa la línea roja para la inmensa mayoría de los españoles, y también de los ciudadanos catalanes. De ahí que se esté agrietando el propio Gobierno de la Generalitat y queden en evidencia las dudas de los que no quieren sacrificarlo todo en beneficio de apoyos inaceptables para lograr la reelección de una persona: Artur Mas. Los dirigentes, sobre todo los catalanistas moderados, no ignoran el debilitamiento de la causa independentista mostrado por la encuesta de Metroscopia publicada ayer en EL PAÍS.

Si se logra un consenso suficiente, todas las reuniones deberían desembocar en algo más que unas fotos, útiles para transmitir la idea de que se ha entablado el diálogo, pero insuficientes por sí mismas. Hace falta un requerimiento formal a los promotores de la declaración separatista para que frenen su ilegal propósito. Y hace falta hacerlo con argumentos políticos, que debe esgrimir el presidente del Gobierno con la legitimidad reforzada por el consenso obtenido en sus encuentros con los líderes. Los juristas precisarán contra quién se debe actuar legalmente, aunque a priori, los miembros de la Mesa del Parlamento catalán y su presidenta, Carme Forcadell, son el órgano encargado de tramitar las peticiones de los parlamentarios. Pero la actuación legal no debe sustituir a la política, más justificada que nunca como colofón a la ronda de consultas en La Moncloa.

La declaración que se pretende poner a votación ha sido presentada por Junts Pel Sí y la CUP. Que entre los dos dispongan de la mayoría parlamentaria no les da derecho a forzar al Parlament a endosar la idea de no aceptar las instituciones del Estado español o que el futuro Govern se limite a cumplir “aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara”; es decir, a considerar que la legalidad existente deja de tener vigencia en Cataluña. Tan legítimo es el Parlamento catalán como las Cámaras que representan al conjunto de España. Pero un elemento les diferencia: la legalidad está de parte de las Cortes, y no de una mayoría parlamentaria en Cataluña que se dice dispuesta a dirigir una sociedad moderna saltándose la legalidad a la torera.

Por otra parte, la serie de reuniones iniciadas por Mariano Rajoy confirma un tiempo político nuevo, y no solo por la presencia de Albert Rivera en La Moncloa y la primera visita de Pablo Iglesias al mismo recinto, con dos propuestas muy diferentes: un pacto por España, en la propuesta de Rivera, y un programa de reformas (más un referéndum en Cataluña) que Iglesias lanza contra “el búnker”, nueva denominación con la que el líder de Podemos parece que intenta sustituir la más desgastada de “la casta”.

En cualquier caso, este país es más plural de lo que se ha mostrado durante los últimos decenios, lo cual relega al olvido aquellos tiempos en los que una sola fuerza política se creía sobrada para manejar los asuntos de Estado.