Después de 97 días de especulaciones y de completa parálisis en la gobernación del país, la CUP decidió no moverse un ápice de su posición inicial y mantuvo el veto a Mas. Anoche se produjeron movimientos en el seno de Junts pel Sí, la coalición electoral en la que concurrieron Convergència y ERC, en el sentido de buscar un candidato alternativo. Ceder en el último momento a las exigencias del último partido de la Cámara habría sido el colofón a un trimestre de despropósitos y sólo profundizaría en el descrédito de la presidencia de la Generalitat como institución. Salvo que se produzcan piruetas de este tipo de última hora, vamos, pues, a unas nuevas elecciones, las cuartas en cinco años. Atravesamos el mayor periodo de inestabilidad política en Catalunya desde la reinstauración de la democracia. Desde que el president convocara elecciones para el pasado 27 de septiembre hasta que se pueda formar gobierno, habrán transcurrido nueve meses de interinidad de nefastas consecuencias institucionales, sociales y económicas. De hecho, la situación de caducidad en el Govern de la Generalitat se arrastra desde mucho antes, desde que el president anunció la convocatoria de las elecciones con un insólito adelanto de nueve meses.

Pero fue a raíz de la resolución parlamentaria aprobada el pasado 9 de noviembre por Junts pel Sí (en la que se integran Convergència y Esquerra) y la CUP, en la que se proclamaba el inicio de la “desconexión” con el Estado español y se abogaba por la desobediencia al Tribunal Constitucional, cuando sonaron todas las alarmas. Este diario publicó entonces un editorial muy crítico con esa decisión. La declaración fue un gesto autorizado por Mas para facilitar la negociación con la CUP. Un gesto que ayer se comprobó que fue baldío e inútil, y que suponía traspasar una línea roja de nefastas consecuencias. Aquella declaración establecía un antes y un después en el proceso soberanista emprendido por Mas. Si las impecables y masivas movilizaciones cívicas en demanda de un mayor y mejor reconocimiento del autogobierno catalán habían suscitado el interés de la opinión pública y los gobiernos de numerosos países europeos, la declaración del 9 de noviembre llevaba el llamado procés al descrédito internacional y a la debilidad interna. En aquel momento alertamos del error cometido y reclamábamos una rectificación.

El president, sin embargo, decidió continuar las negociaciones con un partido situado en las antípodas del suyo, una formación que se declara anticapitalista y antieuropeo, que propugna nacionalizaciones y la salida del euro. El despropósito se mantuvo a pesar de las reiteradas humillaciones de la CUP al president, a quien no sólo ha vetado, sino que le ha hecho esperar durante semanas y semanas sometido al voluble criterio de sus asambleas. La decisión de ayer no hace más que reafirmar que fue un error perseverar en una alianza semejante. Unas nuevas elecciones son una mala solución, pero un gobierno de coalición entre Convergència y Esquerra, ya de por sí complejo, sometido a los vaivenes de la CUP, con una hoja de ruta basada en la desobediencia legal y la ruptura exprés, no habría conducido a ninguna parte.

Una lectura errónea de los resultados del 27 de septiembre ha desembocado en la actual situación de bloqueo político en Catalunya. Planteadas torticeramente como un plebiscito sobre la independencia, las opciones que abogan por la secesión obtuvieron el 47,8% de los votos, insuficiente para abordar una agenda de ruptura como la prevista. En ese momento, el president Mas ­debería haber rectificado el rumbo. El resultado permitía intentar otras alianzas. Pero Convergència perseveró en el error.

En marzo habrá nuevas elecciones en Catalunya. Serán unas elecciones autonómicas. Ni más ni menos. No se pueden convocar plebiscitos cada tres meses ni pedir “el voto de tu vida” reiteradamente. A estas elecciones se presentará una Convergència que ha perdido su papel central en la política catalana. Mas deberá decidir si vuelve a ser el candidato, a pesar de que su figura política ha quedado muy tocada, sobre todo durante las negociaciones para su investidura. De hecho, el centro catalanista, vertebrador de nuestra sociedad durante todos estos años de democracia, ha saltado por los aires. Los ojos están puestos en el crecimiento que puedan experimentar ERC como aglutinadora de la mayoría del voto independentista y de la confluencia que pueda formarse entre Podemos y la plataforma de Ada Colau. Todo indica que las nuevas elecciones van a situar el proceso soberanista en un segundo plano, sustituido por el debate entre el eje derecha-izquierda. La actual atomización política permite augurar que la gobernabilidad continuará siendo muy difícil después de los comicios. Los partidos incurrirían en una gran equivocación si prometieran nuevas Ítacas o si fijaran excesivas líneas rojas que impidan después de las elecciones abrir un marco de diálogo y entendimiento más transversal, basado sobre todo en impulsar una acción de gobierno decidida que aproveche las oportunidades de la recuperación económica.

Nada de esto significa que los partidos independentistas deban abandonar sus aspiraciones, como es lógico, que pueden defenderse dentro de los cauces políticos y legales. Aunque aún no sea mayoritario, es evidente que existe un elevado porcentaje de catalanes que anhela un Estado propio. Por eso, sería imperdonable que los dos grandes partidos españoles, el PP y el PSOE, considerasen que el proceso soberanista ha muerto y que ya no es preciso atender algunas de las reivindicaciones catalanas que han servido para espolear este movimiento.

La convocatoria de nuevas elecciones es un fracaso político cuyo último responsable es el presidente de la Generalitat, no la CUP, como algunos pueden tener la tentación de defender. Sea como fuere, es preciso que estas elecciones se conviertan en una oportunidad para saltar por encima de los frentismos que han imperado en Catalunya en los últimos años como consecuencia de la decisión de Mas de emprender un camino hacia la independencia que no contaba con suficiente aval por parte de los ciudadanos. Él mismo ha reconocido en el pasado que para dar ese paso se requiere un respaldo popular contundente y rotundo. La sociedad catalana no puede vivir permanentemente en la incertidumbre. No son pocos los proyectos económicos pendientes del rumbo político. Tampoco es posible mantener a la sociedad en constante tensión. Las elecciones pueden ser una oportunidad para construir puentes, dentro de Catalunya y con el resto de España.