Hace sólo tres años el panorama político cambia radicalmente. Una parte significativa del pueblo catalán, y algunos partidos, pasan página de la vía autonomista para adentrarse en un terreno desconocido, el de construir un Estado para Catalu­nya que nos equipare a la mayoría de las naciones. Lo que habíamos sido hasta 1714, un Estado, necesitamos volver a serlo, y puesto al día.

Se atribuye este cambio de paradigma a la decisión del Tribunal Constitucional de vaciar partes esenciales del Estatut aprobado en referéndum en el 2006. Sin em­bargo, la sentencia del TC dibujaba una realidad mucho más descarnada. Po­dríamos resumirla así: Catalunya tiene proyecto para España, pero España no lo tiene para Catalunya.

De las ocho décadas que transcurren entre la caída de la monarquía en 1931, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional que desnaturaliza el Estatut de Catalunya, en el 2010, y haciendo abstracción de los cuarenta años de dictadura franquista, en las cuatro décadas restantes los partidos de vocación catalanista hicieron una apuesta por conseguir una autonomía política que permitiera desarrollar un proyecto propio de país, dentro del Estado español. Algo más atrás, encontramos una articulación de esta voluntad de autogobierno en la Mancomunitat, en 1914. En estos casi cien años, se promueven desde Catalunya cuatro Estatutos de Autonomía, de los cuales ven la luz los de 1932, 1979 y 2006. Todos los partidos catalanistas siguen este camino: conservadores, monárquicos, republicanos, de izquierdas, o de centro amplio. Y todos ellos se implican en la gobernabilidad de España. Algunos desde los gobiernos, otros ayudando desde fuera.

Primera conclusión, pues: en la praxis política los partidos catalanistas de base plural han pro­movido el autogobierno de Catalunya, sin renun­ciar a colaborar a fondo en un proyecto más general de alcance español. Difícilmente encontraremos un reto importante de la historia democrática de España en el cual el catalanismo político no se haya comprometido.

La mayoría de los catalanes nos habríamos sentido cómodos en una España plurina­cional y pluricultural, que se reconociera como lo que es: un territorio de ­naciones, de culturas y de lenguas, con fuertes vínculos comunes y afectos compartidos, pero al mismo tiempo con personalidades netamente diferen­ciadas.

Insisto en lo que me parece esen­cial, a modo de segunda conclusión: el Estado español no tiene proyecto atractivo para una parte muy numerosa de la ciudadanía catalana. Conste que no estoy hablando de un gobierno o de otro. El Estado, como estructura administrativa, política, económica, comunicativa y de poder, no conoce a Catalunya, ni la comprende, ni la respeta, ni la ama. Admito que este juicio puede parecer muy severo, incluso exagerado, pero responde a la propia experiencia y a la observación de los hechos del último siglo. Conste también que esta valoración no excluye los errores a menudo cometidos desde Catalunya, que los ha habido.

Todo ello me permite llegar a una tercera conclusión; si el catalanismo de base plural, a pesar de su intensa implicación, no tiene suficiente fuerza o suficiente habilidad para transformar España en un Estado plurinacional, y el Estado español no tiene proyecto para Catalunya que no pase por la asimilación, la dilución o la residualización, el proceso soberanista aparece como la única esperanza para que la sociedad catalana tenga un país a la altura de su talento, de sus anhelos y de sus energías. Cada uno de nosotros puede imaginar el país que querría y que contribuiría a hacer. Yo lo tengo claro: quiero una Catalunya como Austria, Dinamarca u Holanda, que sepa combinar el sentido colectivo y el rigor de estos países con la creatividad y la originalidad mediterráneas. Imagino un país que sepa mezclar con sabiduría los valores que emanan del Rin y del Danubio con aquellos que representan el alma mediterránea. Quiero un país del que más pronto que tarde se pueda decir: “Si quieres vivir el sueño europeo, ve a Catalunya”.

Para llegar sólo hay dos caminos: el primero es que el Estado español haga un reset total con respecto a Catalunya y le ofrezca las herramientas para desarrollar a fondo su personalidad y potencialidades. El segundo es que el proyecto soberanista llegue a buen puerto y alcance la constitución de un Estado propio, que muchos queremos incardinado en el proyecto europeo, y ojalá en una Europa federal de naciones libres y con soberanías compartidas. De los dos caminos, yo he escogido el segundo, como mucha otra gente. No creo que el primero sea posible, pero sobre todo sé que no depende de nosotros.

Sin embargo, la solidez del proyecto soberanista también está a prueba. En los próximos meses comprobaremos su grado. Hará falta mucha solidez, porque el objetivo de alcanzar un Estado es gigantesco.

Es un proyecto joven, que eclosionó y creció hace sólo tres años. Las raíces ya estaban antes, de hecho desde siempre, porque en todo momento hubo personas y entidades que creyeron en él. Sin embargo, la masa crítica, la fuerza de arrastre, la velocidad de crucero se alcanzan con las grandes movilizaciones ciudadanas de las últimas cuatro Diades y con la im­plicación de la mayoría de las instituciones de nuestro país, con la Generalitat al frente.

Hasta ahora, se han esquivado los escollos que hemos encontrado en nuestra singladura. Estoy convencido de que seguirá siendo así. Se ha repetido que el proyecto soberanista ha estado a punto de embarrancar más de una vez. Lo cierto es que en cada riesgo de colisión se pudo maniobrar para seguir navegando manteniendo el rumbo. Recuerdo muy bien los momentos de mayor riesgo: diciembre del 2013, cuando partidos muy diferentes pactaron en el Palau de la Generalitat una pregunta que por primera vez permitiría pronunciarse sobre si Catalunya se tenía que convertir en un Estado independiente; 9 de noviembre del 2014, justo 25 años después de la caída del muro de Berlín, cuando contra pronóstico se pusieron las urnas para hacer una demostración de fuerza y de voluntad democrática, con más de dos millones trescientos mil catalanes yendo a participar y con un Estado español desconcertado, superado por una corriente de base democrática y popular, un gran acto de afirmación y de fe en Catalunya, y con un Estado y un gobierno central torpes y con el orgullo herido, que respondieron a un desafío político y democrático con querellas criminales; verano del 2015, cuando por primera vez se configura una candidatura de unidad soberanista que transforma unas elecciones al Parlament en un plebiscito sobre la independencia de Catalunya; y enero del 2016, como último grande escollo, cuando después de tres meses de negociaciones se halla el modo de configurar un nuevo Govern, con el presidente Puigdemont al frente, y con el mandato de cumplir el designio del pueblo catalán formulado en las urnas en el plebiscito del 27 de septiembre del año pasado.

La secuencia de los hechos es muy clara: a cada problema, una solución.

Decía que el proyecto soberanista y su solidez seguirán a prueba. A prueba de los ataques de fuera, y de las debilidades de dentro. Al respecto escribiré una próxima reflexión. Sin embargo, adelanto algunos criterios que según mi opinión no tendríamos que rehuir: al soberanismo le harán falta mayorías más amplias, más astucia que fuerza, más rigor que gesticulación, una buena administración de los tiempos y de las oportunidades, y mejor unidad de acción. Sin bajar ni un solo peldaño en la radicalidad democrática, el espíritu pacífico y la voluntad de diálogo y de pacto.