• El Gobierno de Rajoy no responde a unas grabaciones que le comprometen muy seriamente

La publicación de conversaciones del 2014 que indican colusión entre el ministro del Interior y el jefe de la oficina catalana antifraude para hacer pesquisas que dañaran a políticos catalanes ha sacudido la recta final de la campaña electoral. Que el ministro Fernández Díaz usara su poder -según una conversación que es difícil de malinterpretar- contra políticos contrarios refuerza al independentismo, que sostiene desde siempre que es víctima de la guerra sucia de los aparatos del Estado.

Espiar a los enemigos políticos es algo que en cualquier democracia solo puede llevar a pedir la dimisión inmediata del responsable. Pero es todo el Gobierno del PP el que queda tocado. Lo que se deduce de lo publicado no es admisible en un Gobierno que presume de defender las libertades. Y si la presunta trama era conocida por el propio Rajoy, como se colige de un momento de la conversación, su autoridad moral para pedir el voto o la abstención de otras fuerzas políticas -si el PP es el partido más votado como hoy dicen las encuestas- quedará seriamente afectada.

Pero el asunto va más allá. Daniel de Alfonso fue propuesto jefe de la oficina antifraude catalana por Artur Mas poco después de ser elegido ‘president’. Y Mas optó por un juez de la conservadora APM cuando gobernaba con el apoyo del PP. Debería explicar la razón de aquella elección que hizo que un cargo que debería ser consensuado no fuera apoyado ni por ERC ni por ICV ni por el extinguido grupo de Joan Laporta. De Alfonso fue elegido por amplia mayoría del Parlamento catalán y el 2014 estaba dispuesto a recibir obsequiosamente sugerencias de otras autoridades.

Y el prestigio de España tampoco va a salir beneficiado. A la hora de escribir esta nota -pese a que Gran Bretaña está pendiente del ‘Brexit’– el caso es una de las primeras noticias de la web del ‘Financial Times’, la biblia del mundo económico europeo. Fernández Díaz dice que él es la víctima ya que fue grabado ilegalmente. Pero el FT se pregunta con razón qué confianza puede despertar un gobierno cuyo ministro del Interior es grabado en conversaciones impropias nada menos que en su despacho oficial. Fernández Díaz es víctima sí, pero también culpable de un fallo relevante de seguridad. Y la tesis más verosímil es que la grabación fuera realizada por algún cuerpo de seguridad cuya misión es proteger al ministro. ¿Hemos llegado a este punto en el choque entre organismos o grupos policiales? Es una pregunta de la que el Gobierno tampoco sale bien librado. Y si la grabación es obra de un tercero, el fallo de seguridad es incluso más preocupante.

El último interrogante es la motivación de quien decide dar a conocer las conversaciones a cuatro días del 26-J. ¿Venganza contra el ministro? ¿Venta mercantil de material confidencial e ilegal? Aquí sí que el ministro Fernández es víctima, pero como consecuencia de su intento previo de dañar a políticos enemigos y de un grave fallo en su protección policial.

El Gobierno del PP solo puede intentar superar este golpe si contesta a tres preguntas. Una: ¿Por qué el ministro solicitaba datos comprometedores de políticos catalanes a un cargo electo por el Parlament? ¿Por qué, al menos en apariencia, Daniel de Alfonso se prestaba obsequiosamente al juego? Dos: ¿Quién grabó? ¿Fue un cuerpo policial? ¿Por qué motivo? Tres: ¿Quién -si hubo venta- compró las cintas y por qué se han dado a conocer ahora?

El Gobierno de Rajoy no sabe, no contesta. Hay pues que levantar acta de una actuación desafortunada, irregular y contraria a la norma más elemental de una democracia. Y concluir que no debe seguir gobernando.