El president Puigdemont ha contrapuesto el papel que representa Junts pel Sí (CDC y ERC) con el de sus aliados de la CUP: unos son constructores y otros destructores. En paralelo, los intérpretes de la hoja de ruta independentista subrayan el doble error que representa la declaración del 9 de noviembre sobre el proceso de desconexión y el posterior pacto de legislatura con la CUP, previo paso al lado de Artur Mas, dado que los anticapitalistas no son un socio de fiar. Discrepo de este análisis que da por bueno que el independentismo ganó el plebiscito del 27-S y que traslada la responsabilidad del impasse a la CUP. Sostengo, por el contrario, que es la lógica misma del proceso la que ha llevado a sus actores al actual callejón sin salida. No pusieron en marcha un proceso de construcción nacional, sino de deconstrucción, con la paulatina quiebra del bloque histórico del catalanismo político.

Estamos ante un déjà vu que se repite cíclicamente –ahora con la tramitación del presupuesto– y es obligado repetir los argumentos: el problema no es la CUP, sexto grupo del Parlament, con menos de 338.000 votos y diez escaños. La CUP tiene la fuerza que tiene y, sobre todo, la ideología que tiene. El problema es CDC, el partido de los presidentes Pujol, Mas y Puigdemont, que en su huida hacia delante ha ido saltando pantallas con una política de tierra quemada: primero se quebró el PSC, después se rompió CiU, Unió se escindió en dos mitades y la capacidad de resiliencia de la CUP llegó al límite. Ahora la política fiscal ha enfrentado a CDC y ERC en el seno de Junts pel Sí y, finalmente, la CUP está pagando los platos rotos… Todo un proceso de deconstrucción que ha dividido también a la Asamblea Nacional Catalana –una especie de segunda cámara de vigilancia del Parlament–, como se ha comprobado en el reciente proceso de renovación de su dirección.

 El balance político del proceso –tres elecciones en cinco años– es revelador: en el 2010, CiU tenía 62 escaños, a 6 de la mayoría absoluta, que alcanzó con los 10 de ERC (72); en el 2012, CiU obtuvo 50 escaños y necesitó los 21 diputados de ERC (71); en el 2015, Junts pel Sí (CDC y ERC) sumó 62 escaños, justos los que logró en solitario CiU en el 2010. El carácter plebiscitario del 27-S provocó una contradicción: Junts pel Sí no ganó el plebiscito, pero sí las elecciones. Podía gobernar con el apoyo de otros grupos, pero para salvar el proceso pactó con la CUP, situada en sus antípodas ideológicas. En total, 72 diputados que deben impulsar la independencia exprés en 18 meses cuando para reformar el Estatut se precisan los dos tercios del Parlament (90 escaños) y que, entre tanto, no son capaces de tramitar el presupuesto.

Han pasado cinco meses desde la investidura in extremis del president Puigdemont y estamos donde estábamos. Se esgrime como entonces la amenaza de otro anticipo electoral. El problema es que sus resultados –como reflejaron las generales del 20-D y como corroborarán las del 26-J– podrían certificar la defunción del actual proceso: CDC fue la cuarta fuerza en Catalunya por detrás de En Comú Podem, ERC y PSC. Sí, todo un proceso de deconstrucción nacional.