Si había alguna duda, Rajoy la despejó el jueves al especificar que sus conversaciones para lograr una eventual investidura serán con los partidos constitucionalistas. Antes, el presidente del Gobierno en funciones reveló la existencia de un pacto para la Mesa del Congreso. De lo que se infiere que, efectivamente, los populares acordaron con el grupo CDC/PDC la votación que dio mayoría al PP y Ciudadanos en el órgano rector de la Cámara a cambio de que los independentistas catalanes tuvieran un grupo parlamentario propio, lo que les reportará –si así se acuerda, lo que ya no es seguro– visibilidad e importantes recursos financieros. Ese pacto subrepticio, al que algunos atribuyeron un alcance político de mayor calado, fue de carácter alimenticio y prosaico, un reflejo pujolista de la renovada CDC con la que nadie quiere ya pactar.

Porque tampoco lo hará el PSOE. Aunque lo quisiera Sánchez y su equipo, el Comité Federal socialista estableció en su momento, y la mantiene, la prohibición de no alcanzar convenios de gobierno con los partidos que mantengan tesis secesionistas, como el grupo que encabeza Homs o el de ERC. Tampoco Podemos –y más después del acuerdo entre los exconvergentes y Rajoy– se inclina ya por entenderse con los grupos catalanes en el Congreso, específicamente con CDC/PDC, al que no concederá sus votos en la Mesa para que se constituya en la Cámara con grupo propio. Por otra parte, hay que valorar la claridad de la negativa de los comunes catalanes a aprobar las conclusiones de la comisión del Proceso Constituyente que se sometieron al escrutinio del Parlament el pasado día 27, votación en la que el PSC no participó y de la que se ausentaron Ciutadans y Partido Popular. La conclusión inmediata es que las fuerzas secesionistas catalanas, y en particular CDC/PDC y ERC (la CUP, por supuesto), al tratar de desconectar Catalunya de España se desconectan de buena parte del país y se marginan de la propia realidad social, económica y cultural española, alejándose de los “objetivos realizables” a que se refería el editorial de este periódico.

 La aprobación de la desconexión en el Parlament con los únicos votos de JxSí y la CUP (72 escaños de 135), no constituye sólo un desafío al Tribunal Constitucional que advirtió de su ilegalidad de manera específica el 19 de julio pasado. Es, sobre todo, un nuevo y peligroso movimiento táctico del independentismo para salvar los muebles. El 27-J resultó, corregido y aumentado, un disparate jurídico y político superior al del 9-N del pasado año. Si entonces se pretendió articular definitivamente la mayoría JxSí y CUP –con los resultados de todos conocidos: Mas descabalgado y los presupuestos de la Generalitat sin aprobar–, ahora se intenta que el 28 de septiembre Puigdemont saque adelante la cuestión de confianza y no se vea abocado a convocar unas nuevas elecciones cuyos resultados difícilmente revalidarían la justa mayoría absoluta que de forma tan precaria le sostiene. Si hubo frivolidad y autismo político y jurídico el pasado mes de noviembre, lo sigue habiendo también en julio. El secesionismo sigue en una introspección cada vez menos inteligible que lo aísla y le resta credibilidad. Y que ofrece contradicciones tan clamorosas y de estética tan poco grata como el acuerdo entre CDC/PDC y el PP para obtener grupo parlamentario en Madrid.

El independentismo en Catalunya está en ese limbo al que se refirió Sánchez y que es un territorio políticamente yermo y frustrante. La partida que se está jugando en la política española se desarrolla a cara de perro, salvo en un aspecto: en la consideración inadmisible de la unilateralidad de la pretensión independentista y en la necesidad de someterla a la impugnación del TC que, si impone sanciones la semana que viene, se recibirán con bastante menos polémica de la que algunos suponen en Catalunya. Aquí la dinámica política que impone el tactismo de JxSí y CUP provoca soledad, ruptura de relaciones con otros grupos y partidos, quiebra de entendimiento con el resto de la sociedad española y perplejidad ante ­algunas contradicciones como la que protagonizó Homs con el Partido Popular el pasado 19 de julio en el Congreso.

El secesionismo está perdiendo una oportunidad en la actual tesitura española: intervenir en la conformación del nuevo gobierno para tratar de introducir un compromiso transversal que busque una solución constitucional –aunque sea desde la reforma de la Carta Magna– para reanudar con realismo una convivencia renovada. Resulta lamentable comprobar la miopía política de los dirigentes independentistas, que teniendo a mano un gran ventaja la pierdan con la pretensión de objetivos que están por completo fuera de su alcance ahora y en el futuro inmediato y mediato. Y lo saben aunque no lo reconozcan.