• Al promover una reforma de la Constitución, la coalición PNV-PSE descoloca a Rajoy y puede brindar una salida digna al laberinto del soberanismo

Los dispares ritmos de la justicia y la política desdibujan hoy el cuadro general del conflicto catalán, haciéndolo a ratos ininteligible. Los antiguos trazos, demasiado gruesos, emborronan el lienzo antes de que deje huella el nuevo pincel, de tan sutil, apenas perceptible.

Como hace con cualquier diputado encausado –inmunidad parlamentaria no es sinónimo de impunidad–, el Congreso autoriza al Supremo a juzgar a Francesc Homs por montar la simbólica votación del 9-N, en la que Artur Mas quiso «engañar al Estado» y el Estado fingió dejarse engañar solo un ratito. El TSJC cita a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobedecer, consciente y deliberadamente, al Constitucional. No hay desobediencia sin penitencia, aunque los potentes altavoces independentistas sepan transformar cada zarpazo de la política judicializada en una herida de guerra llamada a engrandecer la épica de tan patriótica misión.

Primera paradoja, casi ucronía: ideóloga de la batalla jurídica contra el proceso soberanista, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se cartea ahora con su homólogo Oriol Junqueras y se acondiciona un despacho en la Delegación del Gobierno, en pleno Ensanche barcelonés. Dependencias cuyo nuevo inquilino, el catalanista Enric Millo, redecora como cuartel general de la ‘Operación Diálogo’, versión moderna y democrática de la ‘Operación Cataluña’, de infausta memoria.

Santamaría es una profesional de la gestión pública. Cuando Mariano Rajoy ordenó exprimir el Código Penal para forzar el desistimiento independentista, la vicepresidenta lo hizo con precisión de jurista y asepsia de forense. Ahora, esfumada la mayoría absoluta del PP y mediatizado el ‘procés’ por la CUP, la consigna es habilitar una salida legal (y transitable) al laberinto soberanista, tarea a la que dedicará idéntico empeño.

A LA FUERZA AHORCAN

Creía el PP, he aquí la segunda paradoja, que la fragilización del independentismo catalán y el moderantismo de Íñigo Urkullu le ahorraría el mal trago de reabrir la arquitectura territorial de España. Pero el pacto PNV-PSE alienta un Estatuto ‘nacional’ para Euskadi y una nueva Carta Magna que aborde el encaje del derecho a decidir. Órdago a Rajoy: sin el frente vasco no tendrá presupuestos ni gobierno. A la fuerza ahorcan.

Foco ahora en la plaza Sant Jaume. Carles Puigdemont y Junqueras pueden seguir de farol —«referéndum o referéndum«– o, en busca de una salida digna, aflojarse la soga ‘cupaire’, parar el reloj y explorar el diálogo con el Gobierno mientras el PNV desbroza una reforma constitucional que cambie las reglas se juego. Las cartas están boca arriba.