No es lo mismo una foto regia en la galería gótica del Palau de la Generalitat que una selfie en el Pati dels Tarongers. No es lo mismo una foto con los representantes de cinco partidos defensores de una consulta que con los diputados partidarios de la independencia. No es lo mismo el 9-N que el 1-O. No es lo mismo y no se puede repetir.

Artur Mas anunció el 13 de diciembre del 2013 la pregunta pactada con los partidos y Mariano Rajoy se quejó de que se había enterado por la prensa. Entonces había canales abiertos de comunicación y negociaciones gubernamentales en marcha que ese día se rompieron por SMS. El president Carles Puigdemont sabe que lo de ayer no es lo mismo. Convocó una reunión extraordinaria de su Ejecutivo para leer la declaración institucional con la que se haría pública la pregunta y la fecha del referéndum. Algunos consellers no conocieron el texto oficialmente hasta ese momento, e incluso el vicepresidente Oriol Junqueras pecó de falta de precisión al comunicárselo al consejo técnico del Govern reunido en paralelo. Pero es que la fórmula de la pregunta y la fecha es ya lo de menos para un Consell Executiu en el que no se aprobó nada y se jugaba mucho. Agua y café sobre la mesa, aplauso de agradecimiento de los consellers, anuncio menos solemne de lo previsto del reto al Gobierno de Mariano Rajoy y Puigdemont volvía a la carretera con su agenda presidencial sin resolver el cómo. Porque sabe que el 9-N no se puede repetir.

Cinco meses antes de la consulta del 2014, este diario desveló la foto de la urna de cartón con el recuadro transparente que el Govern había elegido para el día de la votación y el modelo de papeleta. Los encargos se hicieron semanas antes de la votación aprovechando acuerdos marco de papelería y material de oficina con el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, una empresa pública de la Conselleria de Justícia. Ahora, el Govern, por boca de su president, se “conjura a ofrecer todas las garantías y a velar por la rectitud del proceso de convocatoria, organización y celebración” del referéndum. Hasta después del verano no habrá ley que ampare la consulta, ni la aplicación de sus resultados. Y cuando las haya serán fulminadas por el Tribunal Constitucional. No hay censo ni comisión de supervisión jurídica. Pero la licitación de un acuerdo marco para la adquisición de urnas ya acumula una querella criminal contra la consellera de Governació y su secretario general, y ha obligado a que la mesa de contratación se forme por altos cargos ajenos al área de procesos electorales porque junto al compromiso del referéndum se ha añadido el de proteger al funcionariado para que no cunda el pánico.

En los sindicatos se ha disparado todas las alarmas porque el president pretende que el 1-O sea lo más parecido a una jornada electoral ordinaria y eso requiere, nuevamente, de la participación de ayuntamientos y poner a disposición centros escolares… donde trabajan funcionarios. Puigdemont promete garantías jurídicas a los empleados públicos,
y Rajoy dice que no van a cumplir “órdenes ilegales”, pero pesan los apercibimientos del Tribunal Constitucional, las investigaciones de la Fiscalía por supuestos delitos de sedición y las condenas de inhabilitación de Mas, Ortega, Rigau y Homs.

Rajoy sabe que el 9-N no se puede repetir, pero también que no hay dos sin tres. Sin coraje político para resolverlo, el problema catalán está aquí para quedarse y, aunque el Gobierno del PP logre frenar el 1-O, a la siguiente puede ir la vencida.