Sólo los fanáticos defienden que esto es un Estado de derecho”. Esta frase del presidente Puigdemont revela cómo ha evolucionado la ideología del proceso desde sus inicios. Es el propio presidente de todos los catalanes, aunque no haya sido elegido por ellos, quien identifica como fanáticos a la mayoría de sus compatriotas, condición que comparten con los europeos, dado que ni estos ni sus instituciones, particularmente celosas con el sistema democrático, han manifestado la más mínima duda sobre España.

Constato con preocupación cómo una parte –no toda, por fortuna– del independentismo catalán, con Puigdemont a la cabeza, ha evolucionado hacia la dialéctica del “amigo-enemigo”. Ellos proclaman que ya no existen adversarios políticos, sólo enemigos a los que criminalizan como fanáticos. En estas condiciones el proceso ya no es patriótico, al menos no en los términos que hacen que MacIntyre defina este sentimiento como una virtud. Ha mutado hacia una ideología basada en la intolerancia y el supremacismo, y eso es incubar un huevo destructivo para este país. Con esta mentalidad hunden, por desesperación e impotencia, un proceso que tuvo en su arranque la idea de “un sol poble” como horizonte de sentido.

El proceso moralmente puede romper con la legalidad española que da lugar a un enfrentamiento que no comparto por dos razones. Una, la de haber relativizado el principio de legalidad, como apuntaba el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, en un reciente artículo en La Revista Catalana de Dret Públic. Es un camino que cuando se empieza no tiene fin, y es precisamente la memoria histórica de la Generalitat la que aconseja no seguirlo, porque cuando cada fracción política juzga lo que se debe obedecer y lo que no, la democracia parlamentaria desaparece. La segunda de mis razones se basa en la evidencia de que una ruptura de este tipo, la independencia contra la voluntad del Estado, es, en términos objetivos, una revolución, y no es necesario ser un leninista empedernido para constatar que no se dan ninguna de las tres condiciones necesarias para que se produzca una transformación tan radical: que al Estado le sea imposible gobernar Catalunya, que se haya intensificado la lucha popular y que se esté produciendo un empeoramiento extremo de la situación social. No existen las condiciones para que una legalidad, la revolucionaria, se imponga a la del “viejo régimen”, ni la correlación de fuerzas adecuada que se expresa en el control de los centros decisivos y en la lucha popular en la calle; desarmada pero lucha.

Pero ya he dicho que bajo mi punto de vista el proceso puede moralmente romper con la legalidad española, pero lo que para mí es inaceptable y reprobable es que lo haga rompiendo con nuestra legalidad catalana, determinada por el Estatut d’Autonomia en todo aquello refrendado por los catalanes y que se mantiene en vigor, así como en la práctica consuetudinaria de nuestro Parlamento. El proceso rompe con nuestra legalidad en tres cuestiones decisivas. Deroga el Estatut d’Autonomia sin la mayoría de las tres quintas partes de los diputados que el propio Estatut establece para todo cambio. Pretende celebrar un referéndum cuyas reglas aprobadas por mayoría simple están lejos de la mayoría cualificada que el propio Estatut determina para acordar el sistema electoral. Finalmente, liquida la práctica de nuestro Parlament, desde su restauración, de aprobar los cambios en su reglamento por consenso o por un amplio acuerdo. Esto es vital, porque las elecciones sirven de poco si después las normas que rigen el juego parlamentario permiten en todos los casos algo tan alejado de la democracia y de la mentalidad política catalana como la dictadura de la mayoría.

Y una última observación sobre cómo vulneran nuestra legalidad nacional. Por dos veces el Consell de Garanties Estatutàries ha resuelto en términos contrarios sobre aspectos concretos del referéndum. Puigdemont ha rechazado el dictamen en ambas ocasiones porque su naturaleza no es vinculante. Y ciertamente no lo es, pero tiene esta condición porque el Tribunal Constitucional lo modificó en este sentido, pero el texto aprobado por los catalanes establecía que sí era vinculante. Puigdemont usa la legalidad española cuando le interesa para invalidar la legalidad catalana.

Todo esto muestra una arbitrariedad peligrosa y excluyente, porque en ella subyace la idea de que el poder puede hacer lo que quiera si sirve a sus fines. Pelear contra uno más grande tiene siempre el riesgo de incurrir en esta degradación, pero es la conciencia de cada cual la que acepta o rechaza dejarse llevar por ella.

No son sólo los “unionistas” quienes impugnan este final del proceso, sino también los que queremos la plenitud catalana a partir de las normas y el legado que nosotros mismos hemos decidido, y que no renunciamos a desarrollar con el apoyo de la gran mayoría de nuestros compatriotas.