• El nerviosismo se adueña, ante la inminencia del 1-O, tanto del Gobierno de Rajoy como del de Puigdemont

Estamos a un minuto del tan temido choque de trenes. Se sabía que el momento llegaría, pero la guerra de nervios se ha desatado. Bastaba ver este martes la cara del Rey en la apertura del año judicial y escuchar los discursos del presidente del Tribunal Supremo y del fiscal general para ver que en Madrid hay mucha preocupación. Y –casualmente– el Constitucional se reúne este miércoles, el día previsto para que el Parlament apruebe la ley del referéndum.

El nerviosismo no es solo cosa de Madrid. Cierto que la actitud exclusivamente jurídica del Gobierno de Rajoy no resuelve un conflicto que es político. Pero no lo es menos que el ‘juridicismo’, al mismo tiempo que dificulta las salidas de tono de los dirigentes más asilvestrados del PP que engordan el separatismo, también fuerza al Gobierno catalán a la máxima cautela y a cambiar su hoja de ruta. Quería admitir a trámite la ley del referéndum el 16 de agosto y por eso se habilitó parlamentariamente la segunda quincena de ese mes. Pero el anuncio de Rajoy de que la simple admisión sería recurrida al Constitucional, e inmediatamente suspendida, obligó a retrasar todo. Puigdemont no se podía exponer a la suspensión de la ley en pleno agosto y con parte de la ANC en la playa.

Había que aplazarla –pese a que la credibilidad del referéndum sufría– al pleno del 6 de septiembre, en vísperas de la Diada, para que la temida suspensión tuviera una fuerte respuesta en la calle. Y cuidar que Puigdemont pudiera firmar la ley antes de que fuera suspendida. Por eso la sombra de un posible Consejo de Ministros este miércoles -mientras el Constitucional está reunido- obliga a despistar al máximo. Y aunque lo más probable es que la ley se vote mañana, se convoca un extraño pleno extraordinario el viernes. ¿Despiste o el día de la ruptura –el de la votación de la ley– aún se puede retrasar 48 horas? 

Intentar victorias simbólicas

Es la guerra de nervios y de intentar lograr victorias simbólicas ante la opinión pública. El separatismo no lo tiene bien porque la ley implica no sólo violar la Constitución sino también la legalidad catalana ya que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios (90 diputados). E implicará que se vulneren los derechos de los grupos de la oposición y se impida el reglamentario dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. El resultado es que, en algo tan relevante, nada menos que tres grupos marcharán del hemiciclo. Se visualizará la partición catalana, tal como por otra parte indica la última encuesta del CEO (de la Generalitat) que dice que la independencia tiene el apoyo del 41% (mucho), pero que no la quiere el 49%.

Pero Madrid también tiene riesgo de patinar. La cara, este martes en la improvisada rueda de prensa, de Puigdemont indica que cree que la citación del Tribunal de Cuentas a Artur Mas el día 25 –y la decisión de hacerle pagar con otros altos cargos una fianza de 5 millones– es una metedura de pata que alimentará el victimismo y no será entendida en Catalunya. ¿Quién se equivocará más en los 24 días que quedan hasta el 1-O?