Corre por las redes una anécdota divertida de hotel Landaben de Pamplona, todavía no inaugurado. Hace una semana, en Google Maps, un comentarista escribió una crítica sobre el mal estado de una de sus camas. El propietario contestó: “¡Es usted un adelantado a su tiempo! Está probando las camas con un antelación de tres semanas!”. El mundo actual es así. La falsedad y la certeza se confunden, los hechos y las opiniones se mezclan, los datos y las emociones se bifurcan.

Esto no sólo pasa en la confusa política, en la que nunca se sabe si vamos por el buen camino o estamos al borde del precipicio. Pasa en todas partes. Pasa con la economía, los ­datos son tan puramente virtuales que pueden indicar crecimiento y ser a la vez expresión de una deuda colosal, prólogo de la ruina. Pasa por supuesto en el fútbol, donde hablar por hablar y discutir para liarla forma parte de la tradición más conspicua. Y pasa cuando se discute sobre alimentación, cambio climático y otros temas esenciales: es imposible acordar datos que sirvan para construir debates razonables. La imprecisa frontera que separa intereses comerciales y publicidad encubierta fabrica dudas anecdóticas que sirven para eclipsar las conclusiones de la ciencia.

La primera víctima es la verdad. Detrás de ella, caen otras muchas víctimas: empezando por la libertad de pensamiento o la seguridad frente al terrorismo. Como ocurre en Estados Unidos, sometidos desde hace años a un constante fuego cruzado de fake news; y como ocurrió en Madrid con el atentado de Atocha, también en Catalu­nya la buena gente queda desconcertada ante un dilema que es la guinda del pastel de la confusión: ¿qué debemos pensar sobre los Mossos? ¿Nos engañaron? ¿Intentan desprestigiarlos?

La ciudadanía sólo puede hacer una cosa: creer. Si creemos lo que unos dicen, nos situamos automáticamente de su parte. Si creemos lo que dicen sus contrarios, más de lo mismo. Nos convertiremos en tropa, como tantos periodistas que han dejado de ser contadores de realidad para convertirse en combatientes de trinchera. Así es como en las democracias posmodernas se destruye al adversario: no se necesitan bombas, basta con medias mentiras y dudas anecdóticas para destruir la carga de verdad de que toda corriente social es portadora.

El conflicto catalán llega a su conclusión. Se acerca la madre de todas las batallas. En este mes de septiembre puede pasar cualquier cosa. Hay quien, desde la prensa de Madrid (y parte de la de Barcelona), aban­derando la respuesta del PP y del statu quo español pone el grito en el cielo y describe la estrategia de la mayoría catalana prorreferendària como golpista, además de favorecedora del terrorismo. Y ciertamente, como en toda afirmación que no quiere parecer delirante, esta crítica contiene una parte de verdad. Es un hecho: las autoridades catalanas, del brazo de una imprecisa pero numerosa parte del pueblo catalán, se disponen a cruzar la línea roja de la legalidad. Pero este movimiento no puede aislarse del contexto: hay quien rompe, pero hay quien desde hace años no ha hecho otra cosa que tensar por el otro extremo.

Muchos catalanes no se añadirán a la revuelta, pero tampoco apoyarán la mentira difamatoria; ni estarán de acuerdo con la ­represión judicial. La mayor parte de los ca­talanes, sea cual sea su adscripción y su voto, saben que el problema tenía diagnóstico fácil y podía ser resuelto con el diálogo y la ne­gociación.

Los catalanes han tenido noticia de los datos del aeropuerto del Prat, que este verano ha vivido momentos de gran vergüenza. En Barajas hay un empleado de seguridad por cada 37.000 pasajeros; en El Prat, uno por cada 113.333. Por Barajas pasaron en junio pasado 4.745.858 pasajeros y por El Prat 4.585.277, una cifra similar. Pues bien, en Barajas hay 1.000 empleados de seguridad y en el Prat, 300. El Prat es un gran negocio para Aena: 339 millones de beneficio, que se invierten en los aeropuertos deficitarios, y previsiblemente también en Barajas, que sólo gana 27 millones. La comparación de ganancias, servicios e inversiones no puede ser más desequilibrada; sin olvidar que hace diez años los empresarios moderados pidieron inútilmente la gestión autónoma de los aeropuertos.

Los datos de El Prat no tienen confusión posible. No se pueden mixtificar como las balanzas fiscales. Y son percibidos por muchos catalanes como una metáfora de las relaciones entre Catalunya y España. “La igualdad de todos los españoles” es una expresión de ida, pero no de vuelta. El Gobierno español podría haber dado pasos para invertir tan flagrantes contradicciones de la igualdad. Los diarios de Madrid podrían al menos haberlas denunciado. Esto habría servido para crear las bases de una alternativa creíble de tercera vía. Pero ni el primer paso se ha querido dar. De ahí que, ahora, justo antes de iniciarse la madre de todas las batallas, la pregunta sea: ¿quién es más responsable de la crisis de Estado que viviremos? ¿Quién es más responsable de la mordedura: la bestia que hinca el colmillo o el cazador que la acosa en un rincón sin permitirle salida alguna?